Restitución aprobada

Ayer fue un gran día para mí, aceptaron retirarme el adjetivo de franquista, ahora sólo queda en se devuelvan los papeles robados ‘a punta de pistola’ y se restituya la propiedad a sus dueños únicos, legítimos y soberanos. La Generalitat catalana.

Tras finalizar la votación y conocerse el resultado, los votantes a favor de la devolución de lo robado, aplaudieron hacia los miembros de la Comisió de la Dignitat asistentes al Congreso. Mucho cuidado, esta ley, rechazada por el partido popular, también obliga al Gobierno a crear el Centro Documental de la Memoria un gran centro para conocer los porqués de la España del siglo XX.

El futuro pasa por la devolución completa de lo robado a otras comunidades, especialmente las comunidades históricas, si bien el problema que éstas encuentran es que entonces sólo existía la Generalitat de Catalunya y no la Xunta de Galicia.

La Ministra de Cultura aprovechó la ocasión, para recordar a los medios de comunicación que el partido popular "ha desoído la historia y ha enfrentado a castellano-leoneses con catalanes". A la vez que recordaba que las enmiendas rechazadas para que se devolvieran también los papeles pedidos desde Aragón, Valencia o País Vasco habían sido rechazadas y el Gobierno no se ve obligado a devolver nada más.

Eduardo Zaplana, en principio jefe de Julián Lanzarote, ha dicho que "no queda otra vía que el acatamiento", ya que, afirmó, el PP "cree en las instituciones, y creemos que han de respetarse sus decisiones". Si bien la Junta de Castilla y León ha dicho que "si cabe recurso de inconstitucionalidad, lo interpondremos”.

Y la guinda del día a cargo del de siempre, Fernando Rodríguez, el ariete del equipo de gobierno municipal, para quien se "pone patrimonio de Castilla y León y de los españoles en manos de quienes se sienten más cercanos a los terroristas de ETA que a los españoles".

Según la ley, se devolverá a la Generalitat "los documentos, fondos documentales y otros efectos incautados en Catalunya a personas naturales o jurídicas de carácter privado, con residencia, domicilio, delegación o secciones en Catalunya, por la Delegación del Estado para la recuperación de Documentos, creada en virtud del Decreto de 26 de abril de 1938".

El texto precisa que, una vez que la ley entre en vigor, se creará en el plazo de dos meses una Comisión Mixta entre el Gobierno y la Generalitat para la identificación de los documentos que serán devueltos y una vez realizada esta labor, el Estado entregará los legajos a Catalunya en el plazo máximo de tres meses. La entrega de los mismos deberá formalizarse mediante la correspondiente acta de entrega y recepción, suscrita por los representantes de ambas administraciones.

En todo caso, en el archivo de Salamanca se depositará un copia o duplicado de todos los documentos restituidos cuyo coste económico será asumido por la Generalitat.

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